El Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad es un profesional de la educación y agente dinamizador, sirviendo de puente entre el centro educativo de secundaria, la familia, el alumnado y la sociedad (Paredes, 2020). El objetivo general de la ponencia es conocer ejemplos de buenas prácticas realizadas por el PTSC en centros educativos para la mejora de la convivencia educativa. La metodología es cualitativa, desarrollada a través de un focus group con PTSC en activo formado por 10 personas y que tengan un papel importante en la mejora de la convivencia en su centro de referencia. Algunos ejemplos de proyectos que se desarrollan por el PTSC en los centros educativos de Educación Secundaria, son el proyecto recreo y el proyecto sal de dudas. En el primero de ellos, un recreo a la semana se elabora una reunión con alumnado voluntario y alguno más forzado para trabajar dinámicas y técnicas que mejoren las relaciones entre ellos/as. La intención es que el alumnado sepa lo que son las relaciones de calidad, que sepan estrechar lazos y crear relaciones sólidas, no llenas de gente pero vacías de cariño. El segundo de los proyectos es de carácter paliativo y su finalidad es trabajar cuando el alumnado ha actuado en contra de las normas de convivencia; tienen que hacerse responsables de sus actos, gestos y palabras cuando las faltas son leves o graves, y reparar el daño a la víctima o al centro. Como conclusión se puede extraer la importancia que tiene, por un lado, trabajar la mejora de la convivencia educativa poniendo el foco y el protagonismo en el alumnado ya que, es este, quien debe de verse inmerso en el proceso de cambio.

La creciente diversidad cultural en las aulas de los últimos años, derivada por el fenómeno migratorio, plantea importantes desafíos para los sistemas educativos en relación con la acogida e inclusión del alumnado recién llegado. Partiendo de una revisión sistemática de la literatura científica (2010-2024), basada en el protocolo PRISMA y centrada en estudios indexados en Web of Science y Scopus, este trabajo analiza los principales factores que influyen en la integración de menores migrantes entre 6 y 16 años. Los resultados de esta revisión evidenciaron que el alumnado recién llegado enfrenta múltiples dificultades especialmente en la adaptación lingüística y cultural, así como en la reconstrucción de su identidad en el nuevo contexto educativo. Asimismo, se identifica que, pese a la existencia de protocolos institucionales y programas de apoyo, estos no siempre logran una integración efectiva. En este proceso, la actitud del profesorado y el clima del aula emergen como elementos clave en la experiencia escolar del alumnado migrante. A partir de estos hallazgos, se presenta una propuesta de intervención educativa dirigida a alumnado de Educación Primaria orientada a la construcción de una ciudadanía multicultural. La propuesta está estructurada en seis sesiones, de carácter participativo y vivencial, y que tiene como objetivo general fomentar la empatía, el respeto intercultural y el conocimiento de la diversidad cultural presente en el aula. Se concluye que la implementación de estrategias educativas basadas en la interculturalidad puede contribuir a mejorar la convivencia escolar, reducir conflictos de carácter étnico-cultural y favorecer una inclusión real del alumnado migrante. Este trabajo pretende reforzar la necesidad de avanzar hacia modelos educativos que integren la diversidad como un valor y no como una dificultad.

La investigación aborda la creciente influencia de la manosfera en el ámbito educativo español, donde los discursos de igualdad son frecuentemente percibidos por ciertos sectores como una forma de adoctrinamiento ideológico. La problemática reside en la hostilidad generada hacia las políticas de género en las aulas, lo que compromete la convivencia escolar y la efectividad de los planes de igualdad vigentes. Ante este escenario, el objetivo general del estudio es analizar los desafíos pedagógicos actuales y proponer estrategias de innovación frente a la reacción patriarcal detectada en el contexto educativo. Para ello, se empleó una metodología cualitativa mediante seis entrevistas a informantes clave, clasificados en tres perfiles: víctimas docentes, adeptos y activistas de la manosfera. Los datos fueron procesados a través de un análisis de redes semánticas utilizando el software Atlas.ti. Los principales hallazgos destacan una polarización extrema: mientras el profesorado denuncia una negligencia curricular sistemática, los sectores vinculados a la manosfera alegan una imposición supremacista. Además, los resultados reflejan una clara hegemonía del modelo de masculinidad tradicional (79%) frente a las propuestas de liberación (21%), evidenciando una fuerte resistencia al cambio social. El estudio subraya la necesidad urgente de implementar programas de alfabetización mediática y una pedagogía basada en la ética del cuidado y la humanización. Se propone una innovación educativa que permita desactivar los discursos de odio y la colonización digital de las identidades juveniles masculinas, promoviendo un entorno escolar democrático e igualitario.

El bullying por orientación sexual está reconocido como una de las formas más persistentes y perjudiciales de violencia escolar: “el 54% de las personas LGBTQ+ han sufrido acoso escolar al menos una vez por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o variaciones de las características sexuales” (UNESCO 2021, s. p.) Las consecuencias de este tipo de acoso trascienden el momento del ataque, pues van minando el bienestar emocional y la calidad de vida de las víctimas (López, Armenta, Vega y Díaz, 2021), viéndose afectados el estado de ánimo, su autoestima y su integración en el entorno escolar (Muñoz Manzaba y García Ramírez, 2025). Además, el acoso homofóbico aumenta los sentimientos de depresión y soledad, así como los pensamientos suicidas entre los adolescentes (Hurtado Mellado y Rodríguez, 2024). Por ello, en la actualidad, los educadores y educadoras tienen un gran desafío que es encontrar estrategias adecuadas para educar a las nuevas generaciones en la convivencia y la paz. Este desafío supone formar ciudadanos plurales y democráticos basándose en la educación en valores imprescindibles como el diálogo, la no violencia, la resolución pacífica de los conflictos, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la diversidad y la justicia. Saber convivir en un mundo diverso es signo de una ciudadanía tolerante.

En los últimos años, la protección de los/as menores es un tema relevante en cualquier espacio donde haya convivencia con ellos y entre ellos. Desde la aprobación de LOPIVI, ha supuesto un avance aplicativo de protección a nivel legislativo. Existe la obligatoriedad de que todos los centros educativos tengan una figura con ciertas funciones y responsabilidades asignadas, entre las cuales implica, proteger, crear y mantener espacios seguros de convivencia en todos los centros educativos españoles. Sin embargo, la ambigüedad y falta de especificación en la ley orgánica, genera la necesidad de concretar algunos aspectos: la designación, la compensación o remuneración así como la formación especifica para desarrollar y ejercer tal función. Cada comunidad autónoma ha promulgado una normativa que regula la figura coordinadora de bienestar y protección del alumnado por lo que, la presente investigación tiene como objetivo presentar las diferencias y similitudes de aplicación de la ley, en Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha. Han sido designadas teniendo en cuenta la agilidad de respuesta en la publicación reguladora, así como la implicación de mejorar y favorecer la convivencia educativa. La publicación de informes con el análisis comparado entre ccaa sobre aspectos formales de la convivencia escolar realizados desde el MEFPD o el de Cabedo-Mallol (2023) y Arroyo González et al. (2025) demuestran el despliegue de medidas de cada comunidad hasta el momento. En definitiva, comparten elementos como la prevención y protección del menor, así como detección temprana y mejora de la convivencia, la coordinación tanto interna como con agentes externos, y la vinculación con los planes de convivencia y acción tutorial. Respecto a las diferencias se encuentra el rango normativo o la especialización e integración organizativa de la figura. Todo ello, evidencia la necesidad de establecer unos mínimos para garantizar una implementación equitativa en todos los centros escolares.